Hoy se conmemoran 242 años de la insurrección Comunera.
El 16 de marzo de 1781, en la población de Socorro (entonces provincia de Santafé, ahora en Santander) se inició una de las sublevaciones más importantes contra el poder virreinal en la historia de la Nueva Granada. El motivo de la protesta eran las nuevas reformas administrativas y económicas implementadas por la corona española, bajo el control de los Borbones. En particular, fue determinante un incremento en los impuestos al tabaco, al aguardiente y los relacionados con la salida y entrada de bienes al virreinato, para mejorar el recaudo en general de sus colonias.
La revuelta, iniciada por Manuela Beltrán, pronto se esparció por poblaciones vecinas, y se convirtió en un movimiento armado que llegaría hasta las puertas de la misma Santafé. Este movimiento se organizó en una junta, llamada la junta del "común", de la cual saldría el nombre de "comuneros" para los miembros de la revuelta.
Asustado, el Virrey envió a negociar al entonces arzobispo de Santafé, Antonio Caballero y Góngora, quien lograría un acuerdo con los rebeldes, comprometiéndose a que el gobierno eliminaría la mayoría de los impuestos, a cambio de que detuvieran su avance hacia la capital.
La Rebelión de los Comuneros culminó parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio, y continuó en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró a pobladores de los Llanos, Neiva, Nariño, Cauca (actual Valle) y la Costa Atlántica.
Incumplimiento de las capitulaciones
El virrey Manuel Antonio Flórez, quien se encontraba en Cartagena de Indias, desconoció las capitulaciones, bajo el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza y envió el regimiento fijo desde esa ciudad para implantar la autoridad en Santafé. Todo volvió a su antiguo estado. Un grupo de comuneros, al mando de José Antonio Galán procedente de Charalá, decidió levantarse de nuevo. En represalia él y sus compañeros Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, y Manuel Ortiz, recibieron castigos ejemplares.
Galán fue ejecutado en enero de 1782 junto con los otros tres jefes comuneros; se les quitaron los pies, las manos y la cabeza y estas fueron expuestas en jaulas en las plazas públicas de la capital virreinal y de los pueblos más activos de la rebelión. Sus descendientes fueron declarados infames, todos sus bienes confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal. El cacique Ambrosio Pisco fue encarcelado en Cartagena y pese a que luego fue indultado, nunca pudo volver al interior del país. Otros dirigentes fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos, vergüenza pública y prisión en África. Muchos campesinos sin tierra fueron enviados a Panamá, donde debieron perecer por cuenta de las inclemencias del malsano clima tropical. Las pocas penas impuestas a los participantes más ricos fueron mucho menos horrendas; algunos simplemente fueron encarcelados en Cartagena y después fueron indultados. Mucha gente se dispersó a las zonas periféricas por temor a las represalias.
Aunque no buscaba ni mucho menos una independencia de España, sí marcó un punto de descontento hacia muchas de las reformas económicas llevadas a cabo por los Borbones. Este descontento se terminaría convirtiendo a la postre en una de las causas de la Independencia. Además, la forma en la que las autoridades virreinales manejaron la situación creó una gran desconfianza hacia estas, tanto entre muchos criollos (como Antonio Nariño), como entre buena parte de la población.
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(Historia de Colombia)